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Refuerzo de la autoridad de los profesionales docentes

Durante años la opinión pública ha conocido, a través de los medios de comunicación, las frecuentes agresiones sufridas por los profesores por parte de los alumnos o de sus padres. Una proposición de ley pretende otorgar la condición de “autoridad pública” a los profesionales docentes.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación LOE establece, en su artículo 104, el reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado. Por un lado, las Administraciones educativas velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea. Por otro lado, prestarán una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.

Sin embargo, no siempre es así y existen multitud de evidencias de esa falta de reconocimiento, apoyo y valoración de muchos profesores. Alguna de esas evidencias tiene que ver con la actitud de los padres ante problemas de disciplina originados por sus hijos; con la normativa educativa estatal y autonómica que no fomenta precisamente esa autoridad; con la permisividad y relativismo moral con que educamos a nuestra juventud, tanto en casa como en la escuela. Un importante número de profesores se encuentra desmotivado, con un bajo nivel de autoestima a causa de las frecuentes agresiones que se producen por parte de alumnos y de padres.

Esta situación está afectando severamente al sistema educativo y repercute seriamente en la calidad de la educación y formación. Algunos sindicatos docentes, organizaciones, instituciones y muchos profesionales docentes vienen reclamando, durante años, reformas legales para reducir la violencia escolar. Uno de los instrumentos demandados consiste en reforzar la autoridad de los profesionales docentes. ¿Convirtiéndoles en “autoridad publica”?

En esta línea, parece ser que el Partido Popular va a presentar una moción en el Congreso de los Diputados para “introducir el respeto en las aulas”. La iniciativa, en forma de proposición de ley, se debatirá próximamente, al comienzo del curso 2009-2010. Se trata de introducir un nuevo apartado al artículo 104 de la LOE para convertir a todos los profesionales docentes en una “autoridad pública”, a todos los efectos.

El objetivo final consiste en prevenir agresiones, de una parte, y aumentar la autoestima de unos profesionales que no solamente se sienten infravalorados sino también indefensos, en no pocas ocasiones, ante alumnos y padres.

Reforzar la autoridad de los profesionales docentes tendría una consecuencia legal, en mi opinión, muy importante y disuasoria. De una parte, las agresiones entrarían directamente en el Código Penal. De otra parte, la obediencia al profesor por parte de sus alumnos pasaría a ser también una obligación legal.

Sin perjuicio de la normativa existente en la legislación estatal -la ya precitada LOE-; en la autonómica, -la Ley de Educación de Cantabria- o lo establecido en el Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria, reforzar la autoridad de los profesionales docentes es una necesidad imperiosa, inaplazable. Por ello comparto la iniciativa del Partido Popular que recoge las demandas formuladas durantes años por los agentes sociales, y decenas de miles de profesores.

Lo cierto es que a los profesionales docentes del siglo XXI se les exige multitud de funciones para enfrentarse a las nuevas demandas de alumnos, familias y sociedad. A mi me parece bien. La sociedad del siglo XXI requiere profesionales competentes y los profesionales docentes son un pilar esencial de esta sociedad. Así lo he manifestado en multitud de ocasiones y foros.

Ahora bien, con esa misma contundencia con la que defiendo la necesidad de una evaluación de la escuela y del profesorado me adhiero, en este caso, a la proposición de ley que se va a presentar en el Congreso de los Diputados próximamente. Espero y confío que la madurez de nuestra clase política se haga eco de esta petición de sindicatos de profesores, organizaciones, instituciones y miles de profesionales docentes que va más allá de una reivindicación profesional sectorial.

Reforzar la autoridad de los profesionales docentes es una necesidad imperiosa que repercutirá en la calidad del servicio educativo que proporcionamos a nuestros alumnos y, en su consecuencia, otorgará beneficios indiscutibles a toda la sociedad.

Convertir a todos los profesionales docentes en una “autoridad pública”, a todos los efectos, beneficiará al sistema educativo; recuperará valores tradicionales como el principio de autoridad, respeto a personas y leyes; mejorará la calidad de la enseñanza y fomentará la autoestima y valoración social del profesorado.

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Tags: Profesor

General | Javier Muñíz | septiembre 5, 2009 9:05 am

5 comentarios

By Libertario, septiembre 5, 2009 @ 4:24 pm

Respeto a los docentes intelectualmente honrados desde luego que es imprescindible, junto con el habito del esfuerzo en los alumnos.
By Óskar, septiembre 6, 2009 @ 1:57 pm

Me apunto al reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado. No sólo como autoridad, también en el salario. En esta problemática real habrá que separar colegios de institutos. Las sucesivas leyes de educación (me gustan unas más que otras) regulan mecanismos de conducta. ¿Se aplican con compromiso por parte de todo el profesorado? Me temo que no. Soy maestro. Conozco la escuela pública y la concertada. En la pública, una norma tan sencilla y a la vez tan educadora como no correr ni gritar por los pasillos, no se hace cumplir por todo el equipo educativo. Entonces, ¿es necesaria tanta regulación legal del comportamiento? Es más necesario motivar a todo el profesorado a implicarse en su labor educativa.
By Óskar, septiembre 9, 2009 @ 10:00 pm

Ha desaparecido mi comentario.
By Óskar, septiembre 9, 2009 @ 10:01 pm

Ah! No! Aquí está y por qué no se ve???
By gatorabioso, septiembre 10, 2009 @ 9:42 pm

Mire usted, yo ya estoy harto de leyes, las haga el PSOE, el PP o Maria Santisima.
En Francia, el profesor siempre ha sido “monsiuer le professeur”, y en Alemania “Herr Profesor”, sin ley alguna. Sencillamente con la fuerza de uan tradición que obliga al alumno a respetar a lso mayores, y entre ellos al profesor. En este país de descerebrados, no se nos ocurre iniciativa alguna si no va avalada por una ley, que exigirá el acuerdo y los desprecios de la clase politica en el Parlamento. Y entretanto, cualquier botarate de 12 años tuteará alprofesor,contando con el apoyo de sus papás en la correspondiente APA , y seguirá formando parte del sekecto grupo de imbéciles de Europa y Occidente, o lo que es lo mismo, parte de ese 40 % que se integra en el fracaso escolar.