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Profesores de la enseñanza pública en pie de guerra

La crisis económica que azota España sin compasión se digiere mal por los profesores de la enseñanza pública de las comunidades autónomas de Galicia, Madrid, Castilla – La Mancha y Navarra ante el incremento de su jornada lectiva en una o dos horas en secundaria

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Es cierto que la educación se ha erigido en una de las terapias esenciales en las que coinciden organismos internacionales de todo signo para resolver el paro, de una parte, y la crisis económica, en su más amplio sentido, por otra. Quizá por ello, los profesionales docentes de la enseñanza pública (funcionarios) rechazan cualquier fórmula que, a su juicio, atente contra la calidad de la enseñanza en España que, por cierto, con crisis y anteriormente a la crisis, también, se encuentra a la cola de los países desarrollados, según hemos podido apreciar en todos los informes PISA de los últimos años.

Los sindicatos mayoritarios que representan los intereses de los profesionales de la enseñanza pública han “sacado los tanques a la calle” para amenazar a las administraciones públicas de Galicia, Madrid, Castilla – La Mancha y Navarra –todas gobernados por el PP, por cierto- por las medidas adoptadas, en mi opinión absolutamente justas y legales, en materia de gestión de recursos humanos. Todo empezó el pasado mes de junio cuando el conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia hizo pública la decisión de incrementar cuatro horas la jornada lectiva de los maestros, hasta cumplir un total de 25 horas.

Posteriormente, en julio, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra anunciaron una medida similar, incrementando dos horas –de 18 a 20- a los profesores de secundaria en Madrid y una hora –de 18 a 19- a sus homónimos de Navarra. La presidenta de Castilla – La Macha se sumó a esta iniciativa, hace unos días, incrementando dos horas –de 18 a 20- el horario lectivo de los profesores de secundaria.

Convocatoria de huelgas, días de brazos cruzados, dimisión en bloque de directores de institutos de educación secundaria son algunas de las medidas de presión que se propagan en todo tipo de medios de comunicación en los primeros días de setiembre, justo antes del comienzo de curso escolar 2.011-2.012. A las razones poco consistentes de incremento de jornada lectiva de esos profesionales docentes de la enseñanza pública se las adorna con argumentos que pueden inquietar a la ciudadanía aduciendo que esa medida mermará la calidad de enseñanza, reducirá su dedicación a labores organizativas, a preparación de las clases o a la atención tutorial de alumnos y familias.

En este escenario que nos encontramos, ante el comienzo del curso 2.011-2.012, en un contexto social de máxima inquietud y preocupación ciudadana por la crisis que nos azota con dureza cada día, la actitud de los sindicatos de los funcionarios docentes de la enseñanza pública, y de quienes la soportan, merece un rechazo sin paliativos ni tapujos y así me manifiesto abiertamente. Mis argumentos, en contra de lo que reivindican los sindicatos de la pública, se encuentran impregnados de la fuerza y solidez de la razón frente a la razón de la fuerza que representan sus amenazas, en defensa de unos privilegios indefendibles.

En primer lugar, discutir una o dos horas de ampliación de jornada lectiva (con alumnos), pasando de 18 a 19 horas (Navarra) o de 18 a 20 horas en Madrid, Castilla – La Mancha y Galicia me parece bochornoso, si nos comparamos con las jornadas lectivas en otros países de la Unión Europea; con los profesionales docentes de los centros concertados en España, cuya jornada lectiva es de 25 horas semanales; con otros colectivos de funcionarios públicos o empleados de sectores de similares características. Es conveniente recordar que la jornada laboral de los profesionales docentes de la enseñanza pública es de 37,5 horas semanales. Sí, leen bien, 37,5 horas semanales. Hasta ahora, los profesores impartían UN MÁXIMO de 18 horas lectivas (con alumnos); el resto hasta 37,5 se dedicaban a otras funciones que, según los representantes sindicales, una vez aplicada la ampliación de UNA hora en Navarra, DOS horas en Galicia, Castilla – la Mancha y Madrid causará un desastre nacional en el sistema educativo de titularidad pública.

He leído en algunos medios de comunicación que estas medidas degradan el servicio público de educación y favorecen a los centros concertados. Ahora, si. ¡Me está dando un ataque de risa; no sé si podré finalizar este post! Si, lo haré, aunque su publicación me genere algún inconveniente. Voy a comentar unos datos que refuerzan mis argumentos a favor de una llamada a la cordura de los sindicatos de la enseñanza pública y a la cooperación con las administraciones para abordar con determinación el problema del déficit público, sin egoísmos sectoriales ni partidistas.

En el año 2008, según la web del Ministerio de Educación “Estadísticas MEC”, el coste medio alumno y año en los centros públicos y privados concertados, en las enseñanzas no universitarias, en las comunidades autónomas anteriormente citadas, fueron:

Comunidad autónoma	Centro concertado	Centro público
Madrid	2.621 €	6.003 €
Galicia	2.632 €	7.752 €
Castilla – La Mancha	2.641 €	6.749 €
Navarra	3.487 €	8.481 €

Para los interesados en las estadísticas, en relación con los costes en la comunidad autónoma de Cantabria, el coste medio alumno y año en 2.008 fue de 2.899 € en un centro concertado, frente a los 7.758 € en otro de titularidad pública. Esas diferencias de coste medio alumno/año en centros de titularidad privada concertada y pública no se deben exclusivamente a las diferencias de jornada lectiva y salarial entre unos profesionales y otros. Pero si, en gran medida.

En la situación económica y social en que nos encontramos yo me apunto a dos recomendaciones: una, solicitar a todos los ciudadanos el máximo esfuerzo y comprensión para contribuir a sacar al país de la situación caótica en la que se encuentra; otra, depositar confianza en el Gobierno de España y de cada Comunidad Autónoma para que, en el ámbito de sus competencias, orienten sus políticas hacia la consecución del bien común.

Termino este post con una célebre frase atribuida a André Malraux, 1901-1976, novelista y político francés: “Si las cosas cambiaran bastante más deprisa, nunca habría revolución. Un conservador inteligente es siempre un reformador”. Queridos profesionales docentes dependientes de la administración pública (funcionarios): tal vez la crisis sin igual que nos invade desde hace cuatro años nos permita vislumbrar nuevos horizontes en un futuro inmediato, quizá poco predecibles hoy, que cuestionen, en un tiempo no muy lejano, la esencia misma del funcionariado.